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Violencia de género, ¿dónde empieza la verdad para que sigan vivas?

  • Elvira Lacorzana
  • 28 jun 2023
  • 42 Min. de lectura

Gracias a una docuserie, Rocío Carrasco consigue moldear la percepción pública de la violencia de género, tras más de veinte años de silencio y mentiras mediáticas.


La docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva” ha destapado con fuerza y altavoz la realidad dolorosa y silenciada de la violencia de género. Tras ella se esconden otras violencias: la vicaria, la institucional, la simbólica, la mediática, prácticamente desconocidas hasta entonces. Los medios de comunicación saltan a la palestra y se cuestiona su función como garantes de la verdad. Víctimas mediáticas, abogadas, periodistas, funcionarias, psicólogas, policía hablan con voz crítica. La polémica está servida.


El 21 de marzo de 2021 a las diez de la noche, gran parte de los hogares españoles, entre los que se encontraba el mío, estábamos pegados al televisor esperando uno de los acontecimientos mediáticos más esperados del año de Telecinco. La hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, se abría en canal en una docuserie producida por la famosa productora La Fábrica de la Tele. En ella contaba los malos tratos que durante muchos años sufrió por parte de su ahora exmarido, el ex guardia civil Antonio David Flores, el distanciamiento que había sufrido de su hijo e hija y la joya de la corona, su intento de suicidio a consecuencia de ello.


“Rocío, contar la verdad para seguir viva” marcó un antes y un después en la relación entre la violencia de género y los medios de comunicación. En sus 13 episodios, la hija de Rocío Jurado repasaba su vida, describía y documentaba la violencia física, psicológica, vicaria e institucional a la que había estado sometida. Tras más de veinte años de silencio, quedaba al descubierto lo que la misma Telecinco ha denominado “la gran mentira de la prensa del corazón”.


La emisión de la docuserie estaba calculada al milímetro. Los productores sabían cómo hacer que la audiencia quedase enganchada a la historia. De hecho, el docuserie comenzó poniendo sobre la mesa el intento de suicidio de la protagonista en 2019, tras conocer que su hija iba a colaborar en un programa de Telecinco como defensora de su padre. Tal era el sufrimiento de Rocío, que una vez reanimada en el hospital declaró: “Siempre me quedará el Puente de Segovia”. Tras este grave incidente, una vez más, Rocío guardó silencio público.


Este suceso se narra en la última entrega de la docuserie, pero se utiliza como gancho mediático desde el principio. Y no es de extrañar, porque no dejó indiferente a nadie. Ella misma reveló: “Vengo de estar hundida durante mucho tiempo, de tener que hacer un ejercicio descomunal cada vez que salía a la calle. No poder desarrollar mi vida normal, no querer tener nada que ver con nada ni con nadie y, de repente, me llega esa noticia”.


Es importante ser conscientes de que, según apunta el estudio “El tratamiento del suicidio en la prensa española: ¿efecto werther o efecto papageno?” de la psiquiatra Rocío Herrera Ramírez, en algunos medios de comunicación se reproducen experiencias de malas prácticas en el tratamiento de noticias sobre suicidios. El efecto werther al que se refiere Herrera atribuye a los medios de comunicación la capacidad de inducir a la autolisis. Por el contrario, el efecto papageno se fundamenta en la posibilidad de los medios de ejercer un efecto preventivo ante esta conducta. Rocío Carrasco fue víctima del werther, pero es muy posible que sus declaraciones tuvieran un efecto papageno para otras muchas mujeres que estaban sufriendo violencia de género.


Una historia “win-win”


Maite Asensio, periodista feminista, madre del proyecto Pikara, una revista que trata la información con perspectiva de género y responsable de género en el medio de comunicación Berria, asegura que el producto era un “win-win”. “Por un lado, tenían a la figura de Rocío Carrasco, una figura pública muy conocida que ha estado callada durante tantos años, con lo que vale el testimonio de una persona que ha estado en silencio tanto tiempo. Por otro lado, de repente, viene a contar “todo lo gordo” y empieza contando que se ha intentado suicidar. Es el lazo perfecto, es un productazo. Ellos sabían que esto iba a ser una bomba”, afirma la periodista.


Por su parte, Leire Bilbao, abogada bilbaína que lleva treinta años defendiendo casos de mujeres víctimas de violencia de género, tanto con Clara Campoamor a principios de los años 90 como ahora en su despacho situado cerca de los Juzgados de Bilbao, se refiere a la docuserie como un producto que no ha sido de su agrado. La letrada alega tres motivos: “Primero, porque creo que las cosas se tienen que decir en la sede en la que se tienen que decir. Segundo, porque contar determinadas cosas bajo precio no me agrada, ni el tratamiento que se le ha dado por parte de Telecinco. Y en tercer lugar, porque de lo poco que he visto, ella ha sacado información que no podía haber sacado, como detalles sobre el informe psicológico de su hija, que era menor en aquel entonces”.


Los intentos autolíticos, con resultado de muerte o no, están a la orden del día en la sociedad española. Ante esta realidad los medios de comunicación no siempre hacen un uso correcto de sus herramientas para ayudar a visibilizar este problema de salud mental y favorecer a su desestigmatización. Menos aún si dichos suicidios son la consecuencia de una violencia de género continuada en el tiempo. “La relación existente entre suicidio y violencia de género es una realidad enormemente ignorada en medios de comunicación y estudios estadísticos”, se expone en el informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las personas con trastorno mental en España, realizado por la Confederación Salud Mental España, publicado en 2018. Según dicho informe, el 25% de los intentos autolíticos de mujeres tienen como factor precipitante el maltrato.


También la OMS se ha ocupado de ello. En su guía para profesionales de la información, editada en 2008, apunta: “Las noticias sobre suicidios de personas famosas influyen en el comportamiento de individuos vulnerables porque son venerados por la comunidad”. Ante esto, recomienda no hablar de suicidio como algo “glamuroso” ni describir los métodos “con detalle”, ya que se debe valorar el impacto que tiene esta muerte sobre otras personas.


En relación a lo expuesto, en el Libro de Estilo de El País se puede leer: “El periodista deberá ser especialmente prudente con las informaciones relativas a suicidios [...]. Los suicidios deberán publicarse solo cuando se trate de personas de relevancia o supongan un hecho de interés general”. Por su parte, el Libro de Estilo de El Mundo apunta que un suicidio no debe ser noticia en sí mismo. Acaba siéndolo cuando el autor es un personaje relevante o cuando se convierte en un hecho significativo por la forma de llevarse a cabo, la edad o el problema social que se esconde detrás.


Teniendo en cuenta estas recomendaciones lanzadas por dos de las cabeceras más importantes de la prensa española, llegamos a la cuestión de si Telecinco, cuando decidió emitir la historia de Rocío Carrasco utilizando su intento de suicidio como gancho, tenía o no entre sus objetivos ejercer pedagogía y realizar una denuncia social de las consecuencias tan dramáticas que puede acarrear la violencia de género.


Tratamiento informativo: ¿sensacionalismo o pedagogía?


Como ya se ha apuntado, Rocío Carrasco ha sufrido diferentes tipos de violencia: física, psicológica, vicaria, institucional, simbólica y mediática. Eso, junto a la circunstancia de disponer de buena posición social, ser hija de personas famosas y conocida por el público desde que nació, le convierte en un completo en términos de violencia de género a ojos de los medios.


El Congreso de los Diputados aprobó en 2004, con el respaldo unánime de todos los grupos, la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, que define como aquella que se ejerce sobre las mujeres y que comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Además, es importante recalcar que la violencia de género no solo se refiere a la ejercida por parte de un hombre sobre una mujer, sino que es necesario que exista o haya existido una relación de pareja entre ambas personas.


La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, va más allá en su definición de violencia de género y establece que se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. La ONU también explica que tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia.


Cabe destacar que la violencia simbólica es aquélla que utiliza los estereotipos de género para reproducir patrones de dominio-sumisión y desigualdades. Además, Carrasco ha padecido violencia mediática, definida por la RAE como la exposición de la mujer, niña o adolescente, a través de cualquier medio de difusión, que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación.


Hay numerosos estudios que han abordado la cuestión de si la violencia que aparece en los medios de comunicación puede tener efectos en la vida real. Eunkyung Jo y Leonard Berkowitz, psicólogos ganadores de premios por sus aportaciones a la psicología social, en su estudio de 1996 “El efecto priming y la influencia de los medios”, establecen que existen suficientes investigaciones para afirmar que las descripciones de agresividad en los mass media pueden influir en el pensamiento y las acciones de la audiencia.


Ambos autores en su trabajo sobre la influencia de los medios intentan explicar esos efectos en base a los procesos psicológicos que pueden desencadenarse en el público a partir de la violencia de género expuesta en medios mediáticos. Jo y Berkowitz concluyen que la exposición a esa violencia bajo determinadas circunstancias y durante un periodo corto de tiempo, puede llegar a desencadenar que ciertas personas tengan “pensamientos hostiles”, crean que otras formas de comportamiento agresivo están justificadas o puedan ser beneficiosas y, finalmente, manifiesten esa agresividad en la realidad.


Sin embargo, es importante recalcar que eso no es algo que ocurra siempre, sino que depende de cada persona y de determinadas variables, como por ejemplo, que el propio sujeto considere esos contenidos como agresivos o que en los medios sean presentados como un hecho justificable o moralmente aceptable, según afirma el estudio.


La abogada Leire Bilbao asegura que al que tiene ya una tendencia maltratadora, determinados hechos, como tener ciertos hábitos de consumo o malos hábitos, le puede incrementar esa tendencia, pero no la fomenta. “Por ejemplo, puedes beber, pero el hecho de que bebas, aunque un día te pases, no significa que seas una persona violenta. Puedes hacer el ridículo, aunque no seas violenta. Tiene que haber una base previa de violencia”, afirma con contundencia.


El inicio de la violencia física


La historia de Rocío Carrasco viene a reforzar esta aseveración. A lo largo de la serie documental iba narrando diferentes episodios de violencia física vividos a manos del guardia civil, al que ella denominaba durante toda la docuserie “El Ser”. "Recuerdo un tirón de pelos, me cogió del pelo y me dio para abajo pero no sé de dónde vino el porqué de eso. Yo sentía por un lado, que me quería ir a mi casa, lo cual no iba a hacer, y por otro lado, estaba que no me podía mover, pero pensaba ‘me levanto y lo reviento’. Pero no hice ninguna de las dos cosas. No tengo claro cómo pasó, pero pasó y fue a mayores", explicaba Rocío.


La superviviente recuerda que estaba sentada en el sofá junto a una mesa camilla cuando llegó uno de los peores momentos de su vida: "Me agarró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento. Hay muchos episodios de mi vida de esa época que no sé si por defensa personal o por qué, pero los tengo olvidados. Lo achaco a que el daño que se me estaba ocasionando lo daba por bueno, lo justificaba, lo dejaba pasar", explicaba.


Posiblemente, una de las razones más poderosas por la que la docuserie generó tanta controversia e interés fue que todo lo que Rocío iba describiendo, lo demostraba con pruebas y documentos que hacían que nadie que le estuviera escuchando pudiera cuestionar los hechos. A su vez, esto daba pie a la reflexión sobre qué clase de trabajo periodístico se había hecho hasta el momento sobre su caso, ya que la protagonista llevaba más de veinte años en silencio. Más de veinte años que “El Ser” había aprovechado para ocupar el papel de colaborador en tertulias televisivas y contar su versión de los hechos, humillando a su exesposa y mostrándose como un padre heroico que compensaba el papel de una madre desalmada.


Lucía Martinez Odriozola, periodista feminista y cofundadora de la revista Pikara, aseveraba en una entrevista para Diario Sur, en noviembre de 2008, que en las sociedades democráticas la prensa juega un papel fundamental a la hora de informar a la ciudadanía en general y la información que se dé y cómo se dé, el tratamiento que se haga de la violencia de género es fundamental a la hora de que todos estemos concienciados y verdaderamente podamos ayudar a las personas que sufren los malos tratos y podamos detectarlos.


“También es fundamental en el sentido de concienciar de que esto no es un problema privado, es un problema absolutamente social, público, en el que estamos todos implicados. Cuando se trata de malos tratos hay un culpable, que normalmente es un varón, que está maltratando a la persona que dice amar y que por el maltrato y por las vejaciones, a veces con el terrible resultado de muerte, merece ser juzgado y tratado en el juicio como considere el juez”, explicaba la periodista.


“Más que un compromiso para trabajar el periodismo desde el feminismo, el feminismo es necesario para hacer un buen periodismo”, Maite Asensio, periodista


Y es que, sin duda, el tratamiento que dan los medios a una información de este calibre requiere una concienciación previa de dichos medios, una concienciación que también tiene que mostrarse desde la propia realización del producto mediático. La guionización y realización de una docuserie protagonizada por una mujer que descubre más de veinte años de maltrato, como es el caso de Rocío Carrasco, requiere un abordaje más cuidadoso y empático que un documental al uso para tratar de evitar la espectacularización que caracteriza a Telecinco.


Jon Irizar, comunicador audiovisual y artista de efectos visuales, asegura que es importante que un producto de estas características tenga un enfoque educativo y de concienciación sobre la problemática de violencia de género, en lugar de simplemente entretener o generar polémica. “De cara a toda la docuserie, es importante asegurarse de tener un enfoque sensible y respetuoso hacia las víctimas de violencia de género, evitando cualquier tipo de morbo, sensacionalismo o explotación”, opina Irizar, “y también es importante destacar que cada caso es único y requiere un enfoque específico, sensible y personalizado”, concluye.


Un fenómeno mediático


Tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, la Delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, presentó los datos oficiales sobre las llamadas efectuadas, durante el mes de marzo de 2021, al 016, número de atención a las víctimas de violencia de género. Dicho mes se registraron un total de 7.213 llamadas, 2.738 llamadas más que el mes anterior, y 940 más que en marzo del año anterior.. Esta variación es la mayor subida intermensual registrada en toda la historia del 016.


Comparando las cifras publicadas en el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el número de llamadas al 016 tiende a crecer en marzo por ser el mes que acoge el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, excepto en dos ocasiones: en 2013 y 2016. Aunque exista esa tendencia habitual de crecimiento, el aumento de llamadas al 016 en marzo nunca había sido tan notable como en 2021, un año en el que el 016 pasó de tener una media de 160 llamadas al día en febrero, a 233 en marzo, tal y como confirman los datos.


A pesar de la tendencia ascendente de los datos estadísticos y de que todo apunta a una correlación entre la emisión de la docuserie y la movilización de las mujeres, no se puede comprobar dicha posible unión. No obstante, la periodista y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Ana Isabel Bernal-Triviño, en Crónica Directo, sección de sociedad del diario digital Crónica Global, explica: “No significa que todas las mujeres que han llamado al 016 vayan a interponer una denuncia, pero sí que han dado un paso para para reconocerse como tal, que es lo que siempre cuesta más”.


Los datos de audiencia demostraron que la emisión de este programa fue un factor fundamental para la concienciación de muchas personas de la sociedad española ante la violencia de género y todas sus variantes. “Es verdad que los medios han dicho que aumentó el número de llamadas al 016 y el número de denuncias. A mi me parece que con se suba una única llamada o denuncia, ya ha servido para algo”, opina Olaia Aizpiri, psicóloga y neuropsicóloga que trata a mujeres víctimas de violencia de género en el instituto Burmuin de Bilbao.


Según un informe elaborado por Dos30', empresa especializada en el análisis estratégico de audiencias de televisión, sobre datos de Kantar Media, el estreno de la docuserie consiguió casi cuatro millones de espectadores. En sus doce entregas, el programa producido por La Fábrica de la Tele registró una media de un 27’6% de share y 2.608.000 espectadores. Estas son unas cifras muy altas. Para encontrar algo parecido, tendríamos que remontarnos a emisiones como la Eurocopa o el Mundial, por ejemplo.


De entre todos los espectadores, destaca el seguimiento de las mujeres con un 40’6%, frente a los hombres, con un 24’4%, según datos del estudio. Queda reflejado, pues, a qué tipo de personas provoca interés este tipo de declaraciones. Y es que, a pesar de ser un tema que debería interesar a toda persona que forme parte de una sociedad sana, las mujeres son más afines a querer conocer más sobre la violencia de género y todas sus vertientes.


Olaia Aizpiri afirma que como las mujeres son las víctimas de la violencia de género, es más fácil que tengan una mujer en su entorno a la que le esté sucediendo y, por lo tanto, intenten estar más pendientes. “Creo que a las mujeres se nos sigue diciendo que tengamos cuidado con ciertas cosas y no se educa a los hombres en ‘cuidado no hagas estas cosas’, ‘si estás haciendo esto, puede que te estés comportando de esta manera’. Por eso las mujeres son las que buscan un poco más de información, porque se sienten víctimas. Ellos no sienten que pueden ser los generadores del conflicto, del problema o del maltrato”, asegura Aizpiri.


Perfil de la audiencia y percepción social


En cuanto a la edad media de aquellas personas que siguieron la docuserie desde sus casas, las estadísticas que ofrece Dos30' afirman que fueron las personas adultas jóvenes los que más siguieron el programa, con un 38’5%. Los adultos jóvenes son aquellas personas de entre veinticinco y cuarenta y cuatro años, franja de edad más sensibilizada con la violencia de género.


Analizando y comparando datos ofrecidos por un estudio realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre la Percepción de la Violencia de Género en la adolescencia y la juventud, las mujeres jóvenes piensan con más frecuencia que el maltrato hacia ellas está muy extendido. Así pues, se observa que la visión de conjunto sobre el alcance y evolución de la violencia de género es algo más negativa entre las mujeres adolescentes y jóvenes que entre los hombres de idénticas edades.


La misma Delegación también realizó un estudio sobre la Percepción Social de la Violencia de Género, en el que se refleja que las mujeres consideran en una proporción sustancialmente mayor que los hombres -9 puntos porcentuales de diferencia- que el maltrato hacia la mujer es un fenómeno muy o bastante extendido. De hecho, casi todas las mujeres (93%) así lo consideran, frente a un 84% de los hombres. Asimismo, refleja que los hombres con mayores recursos socioeconómicos perciben menor maltrato a la mujer que los hombres situados en niveles más bajos de la escala social.


En este sentido, según la información ofrecida por el Centro de Investigaciones Sociológicas que analiza la citada Delegación, en el caso de las mujeres apenas existen diferencias estadísticamente significativas en su valoración sobre el alcance de los malos tratos a la mujer, según la categoría socioeconómica a la que pertenezcan, pero en el caso de los hombres sí se pueden encontrar diferencias en su grado de sensibilización hacia este problema social. Los datos de audiencia de la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva” amparan estas declaraciones institucionales, ya que teniendo en cuenta el factor socioeconómico, la franja más pendiente de la emisión fue la de clase media.


Sin duda, la docuserie de Rocío Carrasco se convirtió en historia de la televisión desde que se estrenó, tanto por el nivel de audiencia como por su repercusión social. La mayor repercusión se dio en Andalucía, la comunidad autónoma que mayor share obtuvo con la emisión del programa: un 44’8% según informa Dos30’. La razón no queda clara, aunque se podría especular con el hecho de que, si bien Rocío Carrasco nació en Madrid, su madre, la diva Rocío Jurado, y su padre, el campeón del mundo de boxeo Pedro Carrasco, tenían profundas raíces andaluzas


Expertas en temas relacionados con violencia de género que tratan con las supervivientes de este tipo de maltrato, creen que el hecho de que se hable de violencia de género es positivo siempre, pero advierte Olaia Aizpiri: “Ojalá se hiciera de la forma más sensible posible, porque a mí el tratamiento que se le dio a la información no me gustó”.


El maltrato convertido en espectáculo


Cada episodio de la docuserie duraba cuatro horas, por lo que se dividían en dos emisiones semanales de un mismo episodio repartido. A esas emisiones las acompañaba un debate, en el que participaban desde periodistas de la prensa rosa española que tuvieran algún tipo de relación con la expareja y su familia, hasta colaboradores y colaboradoras de televisión, participantes habituales en tertulias, psicólogas y periodistas.


Ana Isabel Bernal-Triviño, periodista feminista especializada en violencia de género, fue una de esas periodistas que estuvieron presentes en los debates. En relación a su participación, Maite Asensio afirma que una de las mejores cosas que hizo Telecinco, aparte de la docuserie que seguramente en aquel momento fuera el despertar de muchas mujeres, fue llevar a la periodista Ana Isabel Bernal. “A pesar de que a ella me parece que se le hizo durísimo, lo hizo muy muy bien, con mucha paciencia, e incluso durante los debates había hombres que le cuestionaban pero que al mismo tiempo le decían ‘me estás dando mucho en qué pensar’”, opina Asensio. Con argumentos totalmente sustentados, capacidad comunicativa y saber estar, Bernal hizo que en los debates hubiera algo de concienciación feminista, conocimiento de los hechos y pedagogía sana y bien estructurada.


El desconocimiento de las guías de buenas prácticas, la deontología del medio y la normativa que rige el tratamiento de la violencia de género por parte de los medios de comunicación, se hizo notar entre la gran mayoría de personas que formaban el equipo de debate de la docuserie. Pero la productora se encargó de que, aunque fuera mediante una única persona, Ana Bernal, la buena imagen frente al colectivo feminista y sus necesidades de visibilización quedaran satisfechas.


Maite Asensio dice que el feminismo no es una cosa con la que digas “me pongo una chaqueta y ya soy feminista”. “El feminismo es mucha formación. Yo he leído un montón de movidas y aún así hay cosas que no tengo ni idea. Hace falta leer mucho, hablar mucho, debatir mucho, para entender que la violencia machista es una cosa que nos afecta a todas, que es una estructura política, social, económica que nos afecta a las mujeres como clase, casi casi. Entonces, es muy difícil que lo entiendan en un programa como los de Telecinco”, afirma la periodista.


Como señala el informe Indicadores de Género para Medios de Comunicación de la UNESCO, existe una clara intersección entre el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si hacen un buen ejercicio de sus funciones y llevan a cabo diferentes iniciativas y buenas prácticas que ayuden en problemáticas sociales, hemos visto que pueden aportar numerosos beneficios sociales.


La Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, impulsada por el Consejo Audiovisual de Andalucía, también aporta indicaciones sobre cómo hablar de violencia de género correctamente. Establece que la violencia machista no debe ser infravalorada informativamente ni tratarse como un hecho aislado o como un suceso. “La información debe ser imparcial, pero el periodismo no puede ser neutral frente a la violencia de género, al igual que no lo es frente a otros problemas que afectan a los derechos humanos”, indica.


“El periodismo no puede ser neutral frente a la violencia de género, al igual que no lo es frente a otros problemas que afectan a los derechos humanos”, Consejo Audiovisual de Andalucía


Por otro lado, en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, el tratado internacional más completo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que entró en vigor en agosto de 2014, se reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación. Su artículo 17.1 sobre la Participación del sector privado y los medios de comunicación, subraya: “Las Partes animarán al sector privado, al sector de las tecnologías de la información y de la comunicación y a los medios de comunicación, respetando la libertad de expresión y su independencia, a participar en la elaboración y aplicación de políticas, así como a establecer líneas directrices y normas de autorregulación para prevenir la violencia contra las mujeres y reforzar el respeto de su dignidad”.


Mención propia merece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El artículo 14 determina que la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. “En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones”, especifica. Este artículo insiste a los medios de comunicación no solo en cuanto a su objetividad, sino que enmarca este contexto en la defensa de los derechos humanos y en la recomendación de la dignidad de las mujeres e hijas e hijos afectados.


Como se ha mencionado anteriormente sobre el uso del suicidio como herramienta de captación de espectadores, no podemos dejar de lado la violencia de género como otra herramienta poderosa. Rocío Carrasco contaba con absoluta serenidad lo que le estaba ocurriendo, como un hecho pasado que hacía el esfuerzo de recordar pero que en su vida actual no existía. Telecinco utilizó sus armas para sacarle jugo a estas declaraciones y, a pesar de ser un gran despertar para muchas mujeres, el uso de sus declaraciones como algo morboso para atraer audiencia se pudo apreciar durante toda la docuserie.


¿Debate o show?


En el debate que se emitía tras cada episodio para comentar las declaraciones de Rocío Carrasco participaban personas sin formación ni especialización alguna en violencia de género. Así lo confirma Maite Asensio, quien opina que Telecinco, por ser un medio de comunicación tan grande como es, tiene a su alcance cientos de expertos que pueden tratar con la merecida sensibilidad y conocimiento un caso mediático de violencia de género de esta envergadura. Sin embargo, decidieron anteponer la audiencia al bien social y dar voz a personas más tendentes a alimentar el show que a reconocer la trascendencia del asunto. “En estos programas ponen a hablar de violencia de género a gente que no tiene ni idea del tema. Para mí estos programas son ‘la antitertulia’, ‘el antidebate’. Pusieron toda la carga de hacer pedagogía encima de una persona que también era cuestionada desde el feminismo por estar en ese espacio”, declara Asensio en referencia a Bernal-Triviño.


Los debates que seguían a la docuserie estuvieron plagados de preguntas grabadas, conexiones por Skype, colaboradores sacando rencillas personales que no aportaban nada al núcleo del tema e incluso vídeos de otros programas de la cadena que enjuiciaban a la propia víctima y convertían, de manera colateral, este espacio en una especie de exhibición sobre cómo han funcionado tradicionalmente los formatos del corazón y cómo lo siguen haciendo.


Sin formación no hay empatía y sin empatía no hay entendimiento de la magnitud del problema que se narraba en la docuserie. Así lo considera la jurista Leire Bilbao, al afirmar que sus compañeras y ella cuando están en turno de oficio tienen que hacer, aproximadamente cada dos años, un curso de formación y un examen para ver si están capacitadas o no. Pero también entiende que a quien no tiene empatía, no le vale de nada asistir a cursos. “Yo puedo ser superdotada porque tengo muchísima memoria y apruebo un examen, pero si luego no tengo empatía con una mujer que viene denunciando malos tratos, pues tú me dirás”, afirma la letrada.


“En estos programas ponen a hablar de violencia de género a gente que no tiene ni idea del tema”, Maite Asensio, periodista


En el episodio once de la docuserie, Rocío Carrasco arremetía contra los medios de comunicación y el tratamiento que le han dado a su caso. “Una cosa es que la gente no haya tenido mi versión y otra es que las personas que trabajan en los medios de comunicación no se hayan informado. Todos los documentos que he leído aquí se pueden conseguir y los periodistas podrían haber visto la verdad incluso sin escuchar mi versión. Mi versión es la versión judicial”, estallaba Carrasco. Además, la protagonista confirmaba que si algún medio de comunicación hubiera llamado a su abogado, él habría negado la información que daba ‘El Ser’. “Que yo sepa, ningún periodista le ha contactado para constatar los hechos narrados”, afirmaba Rocío.


Violencia vicaria, una moneda de doble cara


Sin duda, uno de los asuntos capitales de la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viva” fue el que se refería a su hijo y a su hija, porque la mayor violencia que se ejerció sobre Rocío Carrasco fue separarla de sus descendientes. Y aquí es donde el término violencia vicaria se popularizó entre las personas que vieron el programa, ya que a pesar de saber de su existencia, pocas veces se había oído hablar de ella por su nombre y con el rigor y sensibilidad que requiere.


La violencia vicaria es una forma de violencia machista en la que, tal y como expresa el Ministerio de Igualdad en su página web sobre la violencia de género, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como las niñas y niños menores sujetos a su tutela, guarda y custodia, son víctimas directas de este tipo de violencia. Básicamente, la violencia vicaria ocurre cuando las y los menores se utilizan por el maltratador para dañar a la madre.


Por eso ha sido clave en esta docuserie que se haya puesto sobre la mesa un problema social muy extendido, pero poco reconocido: hacer el máximo daño posible a la mujer a través de sus hijos e hijas. Rocío Carrasco explicaba en el episodio ocho de la docuserie cómo su exmarido la atacaba a través de sus descendientes, Rocío y David Flores, hablándoles mal de ella y con descalificaciones. “Te los quitaré y haré que te odien”, le decía su exmarido.


Otro elemento clave de la docuserie fue poner en el punto de mira la violencia institucional que sufren las víctimas de la violencia vicaria. Estas dos vertientes de la violencia de género son las dos caras de una misma moneda, que se necesitan mutuamente para existir. En el fondo de esta simbiosis se encuentran dos causas principales: la persistencia de los estereotipos y prejuicios sexistas y el hecho de que los avances legislativos no se llevan a la práctica con la rapidez y la eficacia necesaria.


Según apunta el diario Público, al I Encuentro Estatal sobre violencia vicaria y violencia de género Institucional, celebrado el pasado 2022 en Mérida, acudieron diferentes personalidades expertas en violencia de género, como la Delegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, la Fiscal de Sala contra la violencia hacia las mujeres Teresa Peramato Martín, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, Dorothy Estrada Sanz, miembro del Grupo de Trabajo de ONU sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas y Sonia Vaccaro, psicóloga clínica especialista en violencia de género.


Vaccaro sostenía en el encuentro que existe una relación directa entre la violencia vicaria y la violencia de género institucional. “La violencia vicaria existe porque las instituciones lo permiten. El problema de las instituciones es que siguen poniendo la relación paterno-filial por encima del bien superior de las niñas, niños y adolescentes", afirmaba Vaccaro en su análisis de situación.


Carrasco, además de ver cómo su denuncia era sobreseída provisionalmente, también denunciaba en la docuserie haberse sentido desamparada al acudir al Defensor del Menor para pedir que se tomasen medidas que evitasen la sobreexposición mediática tanto de su hijo como de su hija. “Él -refiriéndose al ex guardia civil- avisaba a los medios de comunicación cada vez que estaba con los menores para dar esa imagen de padre modélico”, narraba Carrasco. A su vez, su exmarido denigraba la imagen de Rocío Carrasco “como mujer y como madre”, según sus propias palabras, en los platós televisivos.


Rocío fue víctima de un relato de mala madre, muy extendido en casos de malos tratos, que fue aceptado por muchos medios de comunicación sin cuestionamiento alguno a lo largo de los últimos veinte años en que la hija de Rocío Jurado permaneció en silencio. Años viendo imágenes de periodistas y colaboradores criticando su papel como madre. “He llegado a tocar fondo y cuando he tocado el fondo me he dado cuenta de que no podía seguir de esa manera", declaraba Carrasco en la docuserie.


Ella no ha sido la única. Ana Isabel Bernal-Triviño, en marzo de 2023, publicaba en el diario digital Público en el que colabora, la historia de una seguidora suya que ella misma le contó. El padre y la madre de esta mujer se separaron en los años ochenta. La madre rehizo su vida y el padre les decía a ella y a su hermano que habían sido abandonados por su madre, porque no les quería. Desde entonces, según relata la periodista, los hermanos veían a su padre como un héroe. “Se convencieron de que su madre no les quería, pero cuando vieron la docuserie y escucharon a Rocío decir que se retiró para que sus hijos no sufrieran más, su cabeza hizo clic”, contaba Bernal-Triviño.


La pareja de hermanos empezaron a hacerle preguntas a su padre, unas preguntas que o no tenían respuesta o, si la tenían, eran sin fundamento. Los hermanos consiguieron llegar hasta la madre y cinco minutos después, lloraban de alegría. Su madre les había esperado todo ese tiempo. “La chica me decía que su padre les robó una madre, una vida y gracias a Rocío Carrasco, podían decir que tenían una vida nueva y una madre”, relataba la periodista.


Matxalen Abasolo, psicóloga general sanitaria especializada en violencia de género y psicoterapeuta en Bilbao, asegura que la violencia vicaria es algo de lo que no se hablaba hasta hace poco, pero que llevan viviendo en consulta desde hace muchísimo tiempo. “Trabajo con muchas mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria por parte de sus padres y hoy por hoy sufren las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de muchas mujeres que han sufrido violencia vicaria por parte de padres violentos, misóginos, ausentes, distantes etc., ellas pueden entender que el amor también es eso, por lo tanto, su umbral de tolerancia ante el dolor, los insultos, las humillaciones, la ausencia emocional, etc. es mayor”, relata Abasolo.


Violencia institucional, la otra cara de la moneda


Tal y como establece la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación de las Discriminaciones contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), los Estados partes deben adoptar y aplicar diversas medidas para hacer frente a la violencia por razón de género contra la mujer cometida por agentes no estatales. “El hecho de que un Estado parte no adopte todas las medidas adecuadas para prevenir los actos de violencia por razón de género contra la mujer en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas y supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia por razón de género contra la mujer . Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos”, expresa el Comité.


Estas exigencias contenidas en los tratados internacionales ratificados por España, pasan de forma inmediata a convertirse en leyes nacionales de obligado cumplimiento. El Estado español ya fue condenado por la CEDAW en 2014 por el caso de Ángela González Carreño, un claro ejemplo de la violencia vicaria y violencia institucional.


Ángela González en septiembre de 1999 huyó con su hija Andrea después de que su marido, Felipe Rascón, le agrediera con un cuchillo. El veinticuatro de abril de 2003, cuando la niña tenía siete años, el padre la mató de un tiro. Antes del asesinato, la madre había interpuesto 51 denuncias en juzgados y comisarías en las que suplicaba que no permitieran al padre quedarse a solas con la hija. Las declaraciones no sirvieron de nada, y es más, horas antes del asesinato, a la salida de una audiencia judicial, el asesino le dijo a su mujer que le quitaría lo que más quería.


Quince años después, el Tribunal Supremo reconoció al fin la responsabilidad del Estado español en el asesinato de Andrea a manos de su padre durante un régimen de visitas sin supervisión, que había sido impuesto por un juzgado, sabiendo lo que la madre de la niña advertía que podría pasar.


En idéntico sentido, el ya mencionado Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional congregado en Mérida, Victoria Rosell aseguraba que el problema no es de instrumentos legales, el problema es de aplicación, o mejor dicho de inaplicación de la ley.


Las instituciones, durante mucho tiempo, no han dado ninguna respuesta o la respuesta ha sido no reconocer este tipo de violencia, dejando a esas madres atemorizadas todavía más solas de lo que ya se sentían. A este respecto, Leire Bilbao cuenta que ella ha llevado algún caso en el que ha visto cómo se ejercía violencia institucional. “Hay una falta de empatía increíble hacia estos temas. A nivel legislativo lo hemos hecho muy bien, a nivel policial, depende del cuerpo, hacen su función, a nivel judicial más o menos también, pero a nivel institucional yo creo que todavía falta un pasito hacia adelante”, asegura.


Asimismo, la letrada también se refiere a lo fácil que puede llegar a ser en algunos casos obtener una orden de alejamiento y de no comunicación hacia el maltratador, pero lo difícil que es que se la concedan a los hijos de la pareja. “Yo, por sistema, cada vez que pido para una mujer, pido también para los hijos, porque me parece lo obvio. Pero aquí tenemos ese concepto de que un maltratador, aún y todo, es un buen padre. He tenido a veces enfrentamientos con clientas cuando ellas no son conscientes de una cosa, y es que, en lo que respecta al maltrato dentro del hogar, si tú estás sola y quieres que te peguen una paliza, pues allá tú. Pero cuando hay menores de por medio, ya no es tu decisión, porque el sufrimiento que tú estás haciendo pasar a tus hijos no es justo. Yo a veces soy partidaria de que los servicios sociales actúen y quiten la custodia”, declara Bilbao.


“Tenemos ese concepto de que un maltratador, aún y todo, es un buen padre”, Leire Bilbao, abogada


Rocío Carrasco contaba en la docuserie cómo en el año 2000, cuando se encontraba en proceso de divorcio, escribió al entonces Defensor del Menor, Javier Urra, pidiéndole medidas de protección para sus hijos. Rocío decía con tristeza que la respuesta que le dio fue la enumeración de las vías legales existentes para proteger la intimidad de los menores, pero que no adoptó ninguna medida adicional de protección para sus hijos. Ana Isabel Bernal, tras estas declaraciones, afirmaba en el debate de la docuserie que el Defensor del Menor tendría que haber dado un paso adelante y reconocer que se dieron errores, manifestando que ese el primer paso para el cambio. “Creo que tenemos que hablar en voz alta cuando el sistema falla y buscar soluciones. No vale limpiarse las manos”, declaraba la periodista.


La ley de Protección a la Infancia aprobada en junio de 2021, incorpora una serie de medidas, como la prohibición a que los jueces concedan derecho de visitas a progenitores inmersos en denuncias o un procedimiento por violencia de género o doméstica. Pero a pesar de las normas claras interpuestas por los agentes judiciales, vemos en numerosos casos que esto no se cumple.


Lo vimos con Rocío Carrasco, cuando ella misma narraba entre lágrimas en el episodio cero que él -Antonio David Flores- había conseguido lo que le dijo cuando se separaron: “Te vas a cagar, Rociito”. “Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida. Me los ha quitado, no porque hayan desaparecido, me los ha quitado teniéndolos. Ha hecho que me odien. Que tengan esa imagen de mí. Que es mucho más cruel todavía, si cabe. Yo los he tenido muertos en vida", se dolía Rocío.


Sin duda esta situación que describía la protagonista en la docuserie no es una situación aislada. Desde dos mil trece y hasta dos mil veintiuno, el número de menores víctimas mortales de violencia vicaria asciende a 47, según un estudio sobre el análisis de datos de casos de violencia vicaria extrema llamado “Violencia vicaria: un golpe irreversible para las madres”, impulsado por la Junta de Andalucía y editado por la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista.


Juana Rivas, maltratada y condenada


Un caso parecido vivimos en España con el caso de Juana Rivas, aquella mujer y madre que fue condenada a cinco años de cárcel por sustracción de menores. El caso comenzó en 2009, cuando Rivas denuncia a su actualmente exmarido Francesco Arcuri, por maltrato tras una disputa doméstica de la que sale con daños físicos. Arcuri también le denunció por maltrato, pero terminó siendo arrestado por la policía, condenado a tres meses de prisión y con una orden de alejamiento de un año y tres meses. El agresor finalmente no ingresó en prisión ni tampoco cumplió con la orden de alejamiento, y la pareja terminó retomando la convivencia, mudándose a la isla de San Pietro en Italia y teniendo su segundo hijo.


En 2016 Juana Rivas abandonó San Pietro y se fue a Granada con sus dos hijos varones con la excusa de estar yendo a visitar a su familia, pero con la intención escondida de escapar de la opresión, aislamiento y maltrato que alegaba sufrir por parte de Francesco Arcuri durante su estancia en Italia. En ese tiempo, Rivas presentó de nuevo una denuncia por maltrato físico y psicológico, que acabó siendo desestimada. A finales de 2016 interpuso otra denuncia, aunque esta vez con motivo de violencia vicaria ejercida a través de su hijo mayor. Finalmente a finales del mismo año, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada que llevaba su caso decidió que Rivas debía entregar los hijos a su padre y que volvieran a “su residencia habitual”.


A principios de 2017, Juana hizo una recogida de firmas para que le devolvieran a sus hijos pero se desestimó la apelación. Fue en este momento cuando, desde la noche del 10 de julio de 2017 hasta el 28 de agosto del mismo año, la mujer y sus hijos desaparecen y no se cumple la entrega de los menores a su otro progenitor. Por esta última razón, el 27 de julio de 2018 Juana Rivas fue condenada a cinco años de cárcel, a pagar treinta mil euros de indemnización a su ex pareja, los costes judiciales y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus pequeños.


Un año más tarde, en 2019, la Fiscalía italiana archivó todas las denuncias interpuestas por Juana Rivas en las que denunciaba el maltrato que sufrió por parte de su ex pareja entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho. La resolución judicial dictó que Juana habría usado a los menores como “escudo humano” y que estaban “manipulados psicológicamente” en contra del padre. Finalmente, en dos mil veintiuno, la condena de Rivas fue rebajada a dos años y medio y la indemnización se fijó en doce mil euros, aunque la inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijos durante seis años se mantuvo intacta. El 11 de julio de ese año la mujer entró en prisión.


Ana Pascual, funcionaria de justicia en el Juzgado de Género de Bilbao, habla de lo difícil que puede llegar a ser un procedimiento judicial cuando las pruebas de violencia vicaria no son lo suficientemente claras. “Yo he estado en miles de declaraciones, oyes a una parte y parece que tiene razón, oyes a la otra y también te lo crees. Entonces, si no hay unas pruebas objetivas que puedan indicar que hay algo más allá, es muy difícil tomar esa decisión y también retirar una custodia a un progenitor es algo muy complicado. Tiene que haber unas pruebas que te lleven a algo más. O al menos la intervención de la Unidad de Valoración Forense”, refiere.


Lo cierto es que tanto la violencia vicaria como la institucional no son medibles, ya que no existen estudios que cuantifiquen el número real de casos de este tipo, lo que tampoco ayuda a una legislación sensibilizada. La Plataforma Madres Protectoras, a principios del 2022, estimó haber contabilizado unos 400 casos de violencia institucional en el Estado español, pero alertó de que el miedo de las mujeres a hablar hace pensar que esto sólo es “la punta del iceberg”. Por este motivo y para poder hacer una mejor labor de protección, las organizaciones que luchan contra la violencia de género tanto en España como en Europa, exigen que se ponga en marcha algún tipo de registro.


Machismo estructural


A pesar de que todos los agentes públicos y privados que forman parte del proceso de denuncia por violencia de género conocen que la gran mayoría de casos de maltrato también conllevan violencia vicaria, no hay un tratamiento ni un proceso pautado a seguir por parte de la policía a la hora de lidiar con menores en una circunstancia crítica, ni para crear un atestado específicamente dirigido a la situación de los menores.


Lo confirma Joana Gómez Chacón, agente de la Policía Municipal de Barakaldo, muy implicada laboralmente en la investigación y actuación en casos de violencia de género, cuando dice que el procedimiento a seguir en un caso de violencia vicaria es el mismo que cuando es un caso por violencia de género. “Los protocolos son para violencia de género. Para violencia vicaria, no hay nada. Todo lo demás es judicial”, confirma la agente.


Todavía hay gente a quien le parece innecesario un protocolo de actuación para este tipo de situaciones, en las que menores de edad vulnerables se encuentran indefensos ante una situación que les ha llegado sin buscarla. Leire Bilbao advierte que no somos conscientes como sociedad del daño que puede llegar a hacer a largo plazo en los niños ver y vivir situaciones de violencia en su casa, y más aún, si la violencia es hacia su madre. “He visto mucho que los hijos varones de madres maltratadas continúan el rol del padre, son maltratadores incluso con las madres antes que con sus parejas, y las hijas mujeres acaban siendo maltratadas” asegura.


“Los protocolos son para violencia de género. Para violencia vicaria, no hay nada. Todo lo demás es judicial”, Joana Gómez, policía municipal


La Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres pidió el siete de junio de 2021 un indulto para Juana Rivas y la devolución de forma urgente de la custodia de sus hijos arrebatada judicialmente en virtud del falso SAP, Síndrome de Alienación Parental, que no tenía en cuenta que son los tres, tanto ella como sus hijos, víctimas de violencia machista. Juana Rivas, así como Rocío Carrasco, para la mayoría de colectivos feministas es una víctima, a pesar de las sentencias judiciales.


Es preciso aclarar que el SAP, acuñado por Gardner en 1987, es una teoría utilizada por las defensas de los agresores, que se fundamenta en que un progenitor, mayoritariamente las madres, aliena a la hija o hijo para que, sin causa, rechace a la otra u otro progenitor. Esta teoría nunca ha tenido aval científico, por lo que debemos concluir que no existe y su aplicación para determinar la custodia de hijos e hijas es una forma de maltrato infantil.


Por su parte, la agente Joana Gómez considera que dentro del cuerpo policial existen algunos agentes que sólo quieren cumplir el expediente y dicen: “¿No quiere denunciar?, pues nos vamos”. “Activar un protocolo de violencia de género lleva muchos recursos y mucho tiempo. Mi compañero me puede decir, ‘venga que no quiere denunciar’. Pero yo me siento mal, porque esa pareja se va a ir a casa y luego él igual coge un cuchillo y le raja el cuello. Y eso, ¿en qué conciencia va a pesar?”, se pregunta. “Cuando la gente hace los protocolos está muy bien, pero nuestro trabajo no es una suma de uno más uno, porque cada persona es un mundo, cada situación es diferente. Nos tenemos que adaptar a cada intervención y ninguna es igual y hay que ver la problemática que tiene cada uno”, reflexiona.


El Protocolo de primer contacto policial con víctimas de Violencia de Género en situación de desprotección (Protocolo 0), lanzado en 2021 por el Ministerio del Interior, establece que la información que obtienen quienes realizan estas intervenciones, muy guiadas en ocasiones por la inmediatez, puede resultar clave en la mejora de los procedimientos dirigidos a la protección de las víctimas especialmente vulnerables, limitando que se pierda información. Esto solo se puede conseguir mediante un protocolo estructurado que oriente de forma clara en tareas importantes. Tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la seguridad de la víctima y de menores, en el caso de que los hubiera, tal y como lo expresa el mencionado Protocolo 0, es crucial para que el trabajo judicial posterior a la investigación policial se haga de la manera más correcta y cuidadosa posible.


¿Víctima o suicida?


Joana Gómez recuerda un caso de Violencia de Género que tuvo que vivir en el que si no hubieran hecho una buena labor de investigación en el momento en el que realizaron la intervención, probablemente no se hubiera llegado a un buen puerto con la víctima.


“Hace un mes tuvimos una llamada en la que llamó la madre de un varón diciendo que la mujer de este se estaba autolesionando con un cuchillo”, recuerda Gómez. La agente y su compañero llegaron al domicilio y se encontraron a la mujer llorando en el sofá, con todas las ventanas de la casa abiertas. Allí también había otros dos agentes con la mujer, ambos cruzados de brazos, según describe Gómez, demostrando rechazo mediante comunicación no verbal. Otros dos agentes estaban con el varón en otra estancia del domicilio.


“Yo cuando ví a la mujer me senté con ella para que se sintiera de igual a igual, y le pregunté qué pasaba”, cuenta la agente. Gómez vió las marcas que tenía la mujer en su cuerpo, síntomas claros de un posible episodio de maltrato, y la historia que la mujer le contaba era todo lo contrario a un posible caso de autolesión. “Cuando empatizamos con la chica, hicimos la escucha activa y las preguntas necesarias, todo cambió. Lo que era una cosa de autolesión, era realmente un caso de violencia de género como la copa de un pino”, afirma Gómez.


El varón llegó más tarde de lo que debía a su casa y cargó la responsabilidad del cuidado de sus criaturas a la mujer. Al llegar al domicilio, el hombre le arrancó el móvil de las manos a la chica y la dejó incomunicada. Ella cogió el teléfono de su pareja y en modo venganza, se lo lanzó por la ventana. Ante este acto, el hombre reaccionó estrangulándola en la cama, a lo que la mujer al conseguir zafarse de él, cogió un cuchillo que el hombre le quitó tras darle una bofetada y le hizo un corte en el dedo. “Fíjate que en vez de hablar con la chica primero y luego con el chico para reconstruir la historia, ahí hubo jueces y verdugos. Esto es lo último que hay que hacer, como agente de la policía tu labor es recopilar toda la información”, cuenta la agente.


Los compañeros de Joana Gómez habían llamado a los servicios médicos porque, en un principio, estaban ante un caso de autolesión, pero cuando llegaron los técnicos de la ambulancia y escucharon la historia, decidieron llevar a la víctima a San Eloy, el hospital de Barakaldo, a violencia de género y activaron el protocolo. “Ella, como le tenía miedo, no quería poner la denuncia, así que la denuncia fue de oficio a petición de mi compañero y mía”, concluye la agente.


“Ellos no sienten que pueden ser los generadores del conflicto, del problema o del maltrato”, Olaia Aizpiri, psicóloga


A día de hoy, las personas comprometidas con la violencia de género y todas sus vertientes observan con asombro el constante dolor provocado por sentencias injustas o informes policiales mal ejecutados. Tanto en el caso de Juana Rivas, en el de Ángela González, en el de Rocío Carrasco como en el del resto de madres en situaciones semejantes, no se trata de sentencias desproporcionadas, hay que hablar de sentencias injustas.


A juicio de los movimientos feministas y de muchas personas sensibilizadas con su causa, existe un machismo estructural en nuestras instituciones que les lleva a ejercer un abuso de poder contra las mujeres y sus hijos e hijas que les hace no solo ser víctimas de violencia de género, sino también de violencia institucional.


El periodismo no puede ser neutral


Además de las dificultades judiciales que se presentan en muchos casos, existen otras cuestiones vinculadas con las agendas informativas de los medios de comunicación que quieren hacerse eco de estos sucesos. El tratamiento informativo de la violencia de género va dando bandazos de un lado al otro en función de los acontecimientos. Cuando una víctima hace público su testimonio, la cadena que cuente con su presencia física en alguno de sus programas muestra empatía absoluta hacia ella y sus vivencias, pero si antes de que la víctima hable el agresor ya lo había hecho, el medio ya no se muestra tan empático ni comprensivo, sino que se vuelve dudoso y desconfiado hacia la mujer.


Pilar López, doctora en Periodismo y experta en Igualdad y Género, durante su intervención en las Jornadas de Sensibilización en Igualdad del Tribunal de Cuentas, que se celebraron en el Congreso el 8 de noviembre de 2016, según información ofrecida por Infolibre, fue rotunda al declarar que si se habla de violencia de género, el periodismo no puede ser neutral. También lo afirma Maite Asensio, quien dice que el compromiso que tienen que adquirir los medios de comunicación y periodistas respecto al feminismo es un compromiso hacia su propio trabajo. Al igual que una perspectiva de derechos humanos hace entender mejor una realidad, también ayuda a hacer un trabajo más justo. “El periodismo va mucho de justicia y creo que el feminismo nos da esa otra visión. Sobre todo creo que es algo más filosófico: reconocernos feministas porque eso nos hace mejores periodistas, y esto es una cosa que lo llevamos mogollón de tiempo diciendo pero aún así, se sigue diciendo que el periodismo feminista no es neutro. El periodismo feminista está posicionado a favor de los derechos humanos. Digamos que más que un compromiso para trabajar el periodismo desde el feminismo, el feminismo es necesario para hacer un buen periodismo”, concluye Asensio.


En definitiva, casos como el de Ana Orantes y muy especialmente el de Rocío Carrasco, en su exposición mediática, han constituido todo un espectáculo televisivo que, afortunadamente, ha contribuido a una mayor visibilización de la lacra que es la violencia de género en todas sus variables. Dramas convertidos en show. Con tratamiento informativo a veces poco edificante. Pero de gran valor social si se atiende al altavoz que se le dio a Rocío para decir: “Que no hagan lo mismo que yo. Que lo digan, que vayan a la puerta de quien pertenezca. Que lo digan desde el minuto cero. Que no están solas”. Quizás esté ahí la verdad para que sigan vivas.




Mikel Etxebarria, inspector de educación


Mikel Etxebarria: “Aprendemos a comportarnos como nos enseñan”


Mikel Etxebarria es inspector de educación de la margen izquierda de la villa de Bilbao, con amplia experiencia en el ámbito académico. Por desgracia, ha podido experienciar diferentes casos de violencia vicaria ocasionados por la violencia de género que los menores viven en sus hogares. Con absoluta empatía y conocimiento de causa, el inspector de educación procura atender los casos de indefensión y vulnerabilidad que sufren los menores de edad en situaciones límite por violencia de género, así como llevar a cabo los protocolos de actuación en los centros educativos con la mayor sensibilidad y efectividad posible.


¿Ha tenido que llevar algún caso de algún menor que esté en una situación vulnerable por haber vivido violencia de género en su entorno?


Sí, muchos casos. Pero muchos de ellos quedan fuera de nuestro ámbito porque se derivan al fiscal directamente. El protocolo dice que lo primero que hay que hacer es detectarlo, luego hay que proteger al menor, y hay que hacer una tarea de inspección, de investigación dentro del centro educativo. ¿Cómo se detectan a esos menores afectados por la violencia de género? Pues porque hay indicios que normalmente te indican que algo está pasando, desde una falta de higiene, hasta un auto aislamiento, falta de sueño, mala alimentación... Y evidentemente, puede llegar una persona con marcas de haber sufrido golpes. Además, muchas veces se abren más con mayores que entre iguales y te dan pistas cuando hablan de lo que están viviendo. A partir de ahí, se desencadena el protocolo del que te hablaba antes.


Además del aislamiento social, entre otros, ¿qué más síntomas pueden llegar a presentar los y las menores que se encuentran en esta situación?


La experiencia dice que se tiende a replicar lo que uno está viviendo, y el utilizar palabras que no son propias de la edad por ejemplo, te da pistas de que las ha oído y oír es una manera de estudiar. Cuando uno las repite significa que no solo lo ha oído una vez. Eso es otro indicio, pero también el cómo tratan a los demás, el cómo se relacionan y los posibles problemas para relacionarse, el intentar destacar habitualmente de forma negativa. Todo esto son ejemplos de indicios.


¿Quién se encarga de esa investigación de la que hablaba?


Hay unas figuras que, dependiendo la etapa escolar, se denominan orientadores o consultores. Por lo general suelen tener un perfil especializado en psicología. Se ponen en contacto con el tutor o la tutora del o la menor, analizan el caso y luego estos casos se elevan a servicios sociales del municipio al que corresponda. Una vez que las evidencias dicen que el o la menor está en una situación de desprotección o que es víctima de abusos, eso se eleva y se transmite a fiscalía, y según el caso, también a Osakidetza y a la Ertzaintza.


Los consultores y orientadores que menciona, ¿son personas formadas en violencia de género?


En violencia de género como tal, no existe un grado de especialización, al menos que yo sepa. Son psicólogos y psicólogas y cada año reciben formación en el ámbito. De alguna manera, dentro de nuestro departamento, son los expertos y expertas. Una cosa es la titulación y otra la formación que reciben para poder abordar este tipo de casos.


¿Cuál es el perfil que predomina entre los menores en una situación vulnerable por violencia de género?


La estadística dice que suele ser chica, de entre 12 y 16 años, normalmente en un ambiente económico semi deprimido o deprimido y en muchos casos con raíces americanas o africanas. Es lo que más vemos.


¿Cómo se habla con una persona menor de edad cuando hay sospecha de que sufre maltrato, para poder investigar su caso?


No se les dice: “¿Te han pegado?”, no se hace así. Lo que se hace es dar un rodeo, hacer preguntas que al final te dan las respuestas que tú necesitas. Por ejemplo: “¿Estás contento en casa?”, “¿Te hablan con paciencia?”, “¿Habláis bajo en casa?”. Algo así. Me consta que lo que se pretende es, al mismo tiempo, obtener información que le pueda aportar un beneficio a él o ella y ayudarle. Entonces tienes que tratarle con condescendencia, con calma, tienes que ser su amigo y no puedes dejar de lado que estás haciendo una labor de inspección y tienes que estar alerta. Pero nunca se hacen preguntas directas, para que no se cierre en banda.


¿Hay diferencia en cuanto a su género cuando las víctimas son menores?


La estadística dice que entre los maltratadores, una gran parte de ellos han sido maltratados. Creo que es evidente que todo esto forma parte de un proceso de enseñanza y de aprendizaje y que aprendemos a comportarnos como nos enseñan y, en definitiva, lo que uno ha visto es lo que admite como normal y lo que tolera. Y en el caso de las niñas pues más de lo mismo. Cuando ella observa que una mujer está siendo maltratada y que su reacción es la sumisión, por el motivo que sea, a largo plazo ellas entienden que esa es la manera de atajar el problema de malos tratos.


¿Cómo es el proceso cuando en un centro se detecta un caso de un o una menor en situación vulnerable por violencia de género?


Cuando se detectan estos casos, a parte de la investigación correspondiente, muchas veces hay que trasladarles a las diputaciones forales y las diputaciones forales, en muchas ocasiones, lo que hacen es recoger la tutela del niño o niña y llevárselo a una casa tutelada. La familia deja de saber dónde está el o la menor y la tutela le corresponde a la diputación hasta que un juez decida cuándo se le devuelve a los progenitores.


Las personas que están a cargo de menores, ¿facilitan a los servicios públicos su intervención en estos casos?


Las personas menores y para poder acceder a un servicio de salud, incluyendo la salud mental, lo tienen que hacer a través del servicio de pediatría, y tiene que ser quien ejerce la tutoría legal quien dé luz verde. Esto muchas veces es la pescadilla que se muerde la cola, porque en casa el ambiente es asfixiante, están siendo víctimas de violencia y sus propios progenitores son los que les pueden cerrar las puertas de un servicio que les puede ayudar. Es un problema complicado, pero por eso la prevención es clave y hay que estar alerta ante cualquier problema que pueda aparecer, no hay más.


Ana Orantes, la mujer que provocó el cambio


La vida de Ana Orantes lleva siendo historia de la lucha en contra de la violencia de género y del movimiento feminista desde hace veintiséis años. El 4 de diciembre de 1997, en el programa ‘De tarde en tarde’, presentado por Irma Soriano en Canal Sur, se emitió uno de los casos más mediáticos relacionados con la violencia de género que se recuerda en la televisión española.


Ana Orantes fue la primera mujer que denunció en televisión la violencia que su exmarido, José Parejo, llevaba ejerciendo sobre ella los últimos cuarenta años de vida, teniendo ella sesenta. Hasta 1996 que se divorciaron, ella denunció más de quince veces a Parejo, y otras veinticinco, al menos, que el hombre recibió también por parte de sus hijos. No llegaron a nada.


Los protocolos que, evidentemente, no estaban sensibilizados con los casos de violencia de género, devolvían continuamente a la víctima con su maltratador. Antes de conseguir divorciarse, ella ya lo había intentado en otras ocasiones. La anteúltima fue a mediados de la década de los 90, cuando Ana llegó a su límite y consiguió separarse, pero no del todo. El juez, que decidía quién se quedaba con la casa familiar en la que hasta el momento vivían con sus hijos, dijo, según palabras de Ana Orantes en el programa: “El había dado su palabra de honor de que no le haría nada”. Pasaron año y medio en esa situación de convivencia vecinal dentro de una misma casa llena de violencia e insultos.


En 1997, cansada del continuo rechazo institucional hacia su caso y la ignorancia del sistema a la hora de tratar los malos tratos que estaba viviendo, Ana Orantes contó su verdad, su verdad para seguir viva. Ella fue la primera mujer que se atrevió a denunciar en televisión la violencia de género, ella fue el despertar de muchas mujeres que, por desgracia, se sentían solas. Aún así, ningún medio de comunicación se hizo eco de la noticia. La historia de Ana no apareció en ningún titular de radio, prensa o televisión los días siguientes a sus declaraciones. Trece días después de su entrevista y las durísimas declaraciones que dio sobre su vida llena de palizas y abusos, José Parejo la asesinó. Pudo contar la verdad, pero no seguir viva.


La violencia de género en aquel momento aún no tenía nombre. Lo que pasaba dentro de casa, ahí se quedaba. Pero aunque para la sociedad española fueran sucesos aislados y no existiera una violencia específica de la mujer, muchas mujeres se sintieron identificadas con el relato de Ana Orantes, cuya historia, tras su asesinato, sí tuvo repercusión mediática.


Violencia doméstica fue el nombre que se le dio a este tipo de situaciones que hoy en día entendemos que forman parte de la violencia de género. En 1999, se aprobó una reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal privando al agresor del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, estableciendo la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determinara el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos por un tiempo concretado en cada sentencia.


Esto hizo que de alguna manera se tuviera el primer contacto con una justicia concienciada y sensibilizada con la violencia dirigida específicamente hacia las mujeres y ejercida por hombres. Se consiguió, gracias a la visibilización de Ana Orantes, que se persiguieran los malos tratos sin denuncia previa por parte de la víctima y que se valorase la violencia psicológica como delito e impusiesen las órdenes de alejamiento. Pero estas no fueron más que las primeras consecuencias de la visibilización de la violencia de género. A partir de ella, llegaron y siguen llegando muchas otras mujeres denunciando en televisión los malos tratos que reciben por parte de sus parejas.

2 comentarios


elvira.etxebarria
elvira.etxebarria
29 jun 2023

Muy bueno!

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elviraalacorzana
29 jun 2023
Contestando a

Gracias <3

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